Se acabó el bono demográfico. Así como lo leen. No se ha acabado la población joven en edad para trabajar, pero no se han superado las condiciones socioeconómicas que permitirían a México ocupar este bono para acelerar el crecimiento económico. El Fondo de Población de Naciones Unidas dice que el bono demográfico es el potencial de crecimiento que resulta de los cambios en la estructura de edad de la población en edad de trabajar, entre 15 y 64 años. Si fuera únicamente un tema de números le quedan a México dos décadas para que este bono desaparezca.

Uno de los grandes debates contemporáneos es entre los institucionalistas y los culturalistas. Para los primeros, el comportamiento humano está condicionado a incentivos. Según ellos, si no existen incentivos suficientes para desalentar los comportamientos negativos o ilegales (como la corrupción), entonces estos aumentarán. Para los culturalistas, los valores y la cultura son más importantes que las instituciones. Ahí encuentran las raíces de las conductas de una sociedad. Un caso que ejemplifica que los institucionalistas no necesariamente están en lo correcto, es el consumo de drogas en la unión norteamericana.

En mi columna anterior hablé sobre el Plan de Desarrollo Integral del sur de México, El Salvador, Honduras y Guatemala de la CEPAL, presentado en conjunto con el gobierno de México. En ese momento argumentaba que las soluciones al bajo crecimiento económico y la inseguridad debían ser esfuerzos estructurados y promovidos desde los propios países afectados, validados entre su población, legítimos desde la perspectiva de la gestión pública y consistentes con sus legislaciones internas.

En mi columna anterior hablé sobre el Plan de Desarrollo Integral del sur de México, El Salvador, Honduras y Guatemala de la CEPAL, presentado en conjunto con el gobierno de México. En ese momento argumentaba que las soluciones al bajo crecimiento económico y la inseguridad debían ser esfuerzos estructurados y promovidos desde los propios países afectados, validados entre su población, legítimos desde la perspectiva de la gestión pública y consistentes con sus legislaciones internas.

El 4 de septiembre del año pasado publique una columna titulada Trump Socialista. En esa ocasión escribí: “Dentro de los objetivos de la Administración Trump para renegociar el TLCAN, está incluida la cuestión laboral. Entre otros puntos, incluye discusiones sobre salarios. En esta materia hay un rechazo de nuestros negociadores: por decreto, dicen, no se pueden determinar los sueldos de los trabajadores. El tema es complejo.

Cada minuto 31 personas son desplazadas, y cada 10 nace un niño apátrida en el mundo. Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), existen más de 68.5 millones de personas refugiadas o desplazadas (más de la mitad menores de 18 años) y 10 millones son apátridas. Estamos siendo testigos del mayor número de desplazamientos de los que se tiene constancia en la historia de la humanidad.

Mucho se habla de la corrupción en México, pero poco se habla de sus raíces. En la mayoría de los casos surgen desde temprana edad en la familia, por ejemplo, cuando los niños se habitúan a escuchar aquella frase cotidiana de “dígale que no estoy”. Las mentiras piadosas con el tiempo se hacen costumbre y crecen en dimensión. Esta deshonestidad cotidiana es el origen de la corrupción, contrario a la opinión de que ésta se debe únicamente a la impunidad.

Imagínese un país donde en las noches hay robos y crímenes. Ni la sociedad ni el gobierno han encontrado la forma de solucionar el problema. No son muchos los que roban...